La República
Por Rosa Escoto
Vivimos tiempos complejos. Criar a un niño o a una niña hoy parece, muchas veces, un acto de valentía marcado por el miedo. Miedo a los peligros, a la violencia, a los silencios que esconden horrores. Y es grave que como sociedad hayamos llegado a un punto en el que proteger la infancia implique vivir en permanente estado de alerta. Ninguna sociedad sana debería acostumbrarse a criar desde el temor.
Es necesario decirlo con claridad: los responsables directos del daño son los agresores. Son ellos quienes cometen actos abominables, quienes vulneran, violentan y destruyen la infancia. No son errores, no son “deslices”, no son hechos justificables bajo ninguna circunstancia. Son crímenes. Y como tales, deben ser condenados social, moral y legalmente, con todo el peso de la ley.
Pero reconocer a los agresores no significa evadir una verdad igualmente incómoda: los riesgos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes suelen encontrarse en los entornos más cercanos familiares, vecinos, personas de confianza. Por eso, el primer círculo de protección debe ser ejercido por padres y madres, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad consciente que implica cuidar una vida en formación.
El espíritu de la ley de protección de la niñez es precisamente ese equilibrio: prevenir el daño, proteger sin criminalizar la crianza y sancionar con firmeza a quienes violentan. La ley no persigue padres por amar, sino agresores por dañar. No busca sembrar miedo, sino garantizar entornos seguros donde la infancia pueda desarrollarse con dignidad y libertad.
Cuando un caso llega a las autoridades o a los organismos de protección, no se trata de señalar con el dedo, sino de reconocer que el sistema de cuidado falló en algún punto. Y fallar no siempre implica mala intención; muchas veces implica desconocimiento, confianza mal depositada o alertas ignoradas. Por eso la prevención y la orientación son tan necesarias como la sanción.
La normalización del abuso y el encubrimiento familiar siguen siendo heridas abiertas en nuestra sociedad. Callar para “proteger la familia” termina protegiendo al agresor y abandonando a la víctima. Ningún vínculo, apellido o cercanía justifica el silencio frente a la violencia. Creerle a un niño o a una niña no destruye familias; la violencia y el encubrimiento sí.
El caso de la niña Brianna Genao debe llevarnos a una reflexión profunda y colectiva. No solo como país, sino como comunidad humana. No es el primer caso, y ese es precisamente el problema: seguimos reaccionando cuando la tragedia ya ocurrió, en lugar de actuar antes.
Un descuido de segundos puede ser catastrófico en la vida de un niño o una niña. Pero también lo es una sociedad que no enfrenta con valentía a sus agresores y que traslada toda la carga del miedo a quienes crían. No podemos aceptar que la infancia se viva en estado de amenaza permanente.
El espíritu de la ley exige coherencia: acompañar a las familias, educar para la prevención y castigar de manera drástica a los agresores. Las consecuencias para quienes cometen estos actos deben ser firmes y ejemplares, no por venganza, sino para proteger a otros niños y enviar un mensaje claro de que la infancia es sagrada.
Proteger a los niños y las niñas es una responsabilidad compartida. Empieza en casa, se fortalece en la comunidad y se sostiene con un Estado que actúe a tiempo. Criar sin miedo debería ser un derecho. Y garantizarlo, un deber de todos.
