La República
Santo Domingo. El Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), junto al Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), realizó cinco encuentros de socialización para presentar los resultados del diagnóstico y las primeras propuestas de modificación de la actual Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las jornadas estuvieron dirigidas a instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones sin fines de lucro, organismos internacionales, academias, gremios profesionales, juristas, abogados y representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, con el objetivo de validar los resultados del diagnóstico, y presentar las principales líneas hacia las que se orientan las propuestas de reforma.
Desde el pasado 16 de febrero hasta el 5 de marzo, el equipo consultor presentó las propuestas de actualización de tres de los libros que conforman el Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
En los espacios de diálogo, las instituciones formularon diversas recomendaciones. Entre los planteamientos más recurrentes se destacó la necesidad de contemplar el abordaje de distintas manifestaciones de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia; así como revisar y mejorar los procedimientos vinculados al ámbito familiar.
Asimismo, se reiteró la necesidad de operativizar el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo mecanismos claros que permitan escuchar su voz en el entorno familiar, escolar, judicial y en la sociedad en general.
Otro de los aspectos identificados en el diagnóstico y reiterado por los participantes, es la necesidad de fortalecer la articulación entre las entidades que integran el Sistema Nacional de Protección. Las discusiones evidenciaron que una respuesta más eficaz frente a situaciones de vulneración de derechos requiere mecanismos de coordinación más claros, intercambio oportuno de información y rutas de actuación compartidas entre las distintas instituciones del Estado.
Esta fase de validación representa un momento clave en el proceso de reforma, al hacer la puesta en común de un análisis realizado durante más de tres meses, en el que también participaron más de 70 organizaciones.
Participaron instituciones de distintos sectores comprometidos con la protección y el bienestar de la niñez y la adolescencia. Desde el sector gubernamental, contribuyeron entidades como el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), el Gabinete de la Familia, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF) y (FNNA), el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo.
También se contó con el apoyo de organismos internacionales y de cooperación, entre ellos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Plan International y World Vision. Desde la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro, participaron la Coalición por la Infancia, Aldeas Infantiles SOS, Buckner Dominicana, New Hope, Pro-Infancia, Red de Misericordia, Casa Abierta, Fundación Abriendo Caminos, Fundación La Merced, la Asociación Dominicana de Padres Adoptivos (ADOPTRASOC) y otras. Asimismo, tuvieron representación instituciones como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Sociedad Dominicana de Pediatría, OMG Legal y abogados privados, mientras que el sector empresarial estuvo representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
Esta amplia participación multisectorial fortaleció el proceso de construcción conjunta de los contenidos a ser incluidos en la propuesta.
