La República
Fuente: Reuters
El líder venezolano Nicolás Maduro llamó recientemente «malparido nazi fascista» al presidente argentino Javier Milei. Esta declaración provocó una respuesta contundente del gobierno argentino, que acusó a Maduro de ser un dictador y anunció medidas diplomáticas en su contra.
Maduro, en un mitin en Petare, acusó a Milei y al presidente ecuatoriano Daniel Noboa de formar parte de una supuesta trama internacional para suspender las elecciones en Venezuela, programadas para el 28 de julio.
«Sé todo. Quieren una hecatombe, una tragedia, para gritar ‘suspensión de las elecciones’. Y saldrían los gringos. Saldría el malparido de Milei. Saldría el Noboa, la derecha», declaró Maduro.
Manuel Adorni, portavoz de la Presidencia argentina, respondió el viernes calificando a Maduro de dictador. «Lo que pueda decir Maduro, un dictador, un imbécil como Maduro no dejan de ser palabras de un dictador. Nos preocupa por el pueblo venezolano, que no haya democracia en Venezuela, en virtud de lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones», afirmó Adorni.
Y enfatizó, «Maduro es un personaje que se ha transformado en un, o siempre lo ha sido, dictador. Y para nosotros las palabras de un dictador no ameritan un análisis porque vienen de una persona que tiene trastocados los valores éticos, morales, y está en contra de lo que defendemos y pregonamos, que es la democracia».
El gobierno de Milei no se limitó a las declaraciones. La Cancillería argentina anunció su decisión de reincorporarse a la denuncia presentada en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esta denuncia, originalmente apoyada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, fue retirada en 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández.
La Cancillería argentina justificó esta decisión como una respuesta al «deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela». El comunicado oficial exige «el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra activistas políticos y sociales de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos».
Esta denuncia ante la CPI se basa en un informe de 489 páginas que documenta presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El informe, elaborado por expertos internacionales convocados por la OEA, incluye testimonios de víctimas y testigos, y analiza patrones de persecución política y violaciones de derechos humanos.
Entre los hallazgos más impactantes del informe se encuentran 131 asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017, 8292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, y más de 12.000 detenciones arbitrarias desde 2013, cuando Maduro asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez.
La tensión entre ambos países se intensificó aún más cuando Maduro reiteró sus insultos hacia Milei en un acto en el estado de Nueva Esparta. «Yo en estos días dije y él se puso bravo, pero yo dije la verdad, ese Milei es un malparido nazi fascista, es un malparido que le está pasando la motosierra a los trabajadores, a las trabajadoras», declaró Maduro.
El gobierno argentino, a través de Adorni, respondió: «El respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente autoritario ni de su séquito de obsecuentes». Además, expresó su esperanza de que en Venezuela «se respete el proceso electoral y la integridad de todas las personas participantes» en los próximos comicios.
Este enfrentamiento ocurre en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación política en Venezuela. Las elecciones presidenciales del 28 de julio han generado preocupación, con acusaciones de represión contra la oposición y dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.
La reincorporación de Argentina a la denuncia ante la CPI marca un giro significativo en la política exterior del país sudamericano. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina se había retirado de esta iniciativa y del Grupo de Lima, un foro regional crítico con el régimen de Maduro. El actual gobierno de Milei justifica este cambio como parte de sus esfuerzos por «el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia» en Venezuela.
