La República
Santo Domingo.- Documentos internos, conversaciones de WhatsApp y testimonios de empleados revelan que en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) estaría operando un esquema de clientelismo político que incluiría aportes económicos obligatorios, amenazas laborales y el uso de la estructura institucional para financiar un movimiento político denominado La Maquinaria del Cambio. Las denuncias fueron presentadas en el programa de investigación N Investiga.
Durante la investigación, empleados del FEDA en distintas provincias aseguraron que se les exige afiliarse al movimiento político y realizar aportes mensuales calculados según su salario, bajo advertencia de amonestaciones, suspensiones sin disfrute de sueldo e incluso cancelaciones. Las pruebas incluyen audios, mensajes y documentos internos del propio movimiento.
Uno de los documentos expuestos detalla una tabla de contribuciones que va desde RD$3,000 para empleados con ingresos de hasta RD$20,000 mensuales, hasta RD$20,000 para salarios más altos. Según la denuncia, estos fondos no se depositaban en cuentas institucionales, sino en cuentas bancarias personales de miembros de la directiva del movimiento, y la recaudación estaría a cargo de un empleado del FEDA con acceso a su estructura administrativa.
Los testimonios también señalan que los cobros se realizaban de manera presencial y a través de grupos de WhatsApp, bajo el rótulo de “motivación”. Sin embargo, conversaciones internas mostrarían órdenes atribuidas a la dirección del FEDA para sancionar a quienes se negaran a pagar, lo que contradice cualquier alegato de voluntariedad.
Además de las cuotas mensuales, la investigación expuso un segundo mecanismo de recaudación mediante rifas y actividades denominadas “Monta a tu regidor”, donde empleados eran obligados a vender boletas para financiar vehículos destinados a dirigentes políticos. Quienes no cumplían con las ventas debían asumir los costos o enfrentar represalias laborales.
Las denuncias colocan ahora al FEDA, institución adscrita a la Presidencia de la República, bajo un fuerte escrutinio público al vincular presuntas irregularidades administrativas con prácticas de clientelismo político interno.
