La República
Este miércoles 30 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, porque “ha utilizado su cargo para autorizar detenciones arbitrarias previas al juicio y suprimir la libertad de expresión”.
Esa fue la justificación del Departamento del Tesoro para emitir las sanciones financieras y de prohibición de ingresar a Estados Unidos. Para el el secretario del Tesoro, Scott Bessent,
“Alexandre de Moraes se ha arrogado el papel de juez y jurado en una cacería ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”.
Es una de las tantas muestras de respaldo que ha dado la administración de Donald Trump a su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro. El propio Bessent lo aclara: “De Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”.
Las nuevas sanciones bloquean los posibles bienes y propiedades del magistrado en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
No es la única medida en contra de De Moraes. Esto ocurre tras la revocación de la visa de De Moraes y la de sus familiares directos por parte del Departamento de Estado de EE. UU. el 18 de julio de 2025, por su complicidad en la campaña de censura ilegal de De Moraes contra ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también informó de la sanción al juez de la Corte Suprema de Brasil, y explicó que la medida es bajo el programa de sanciones ‘Global Magnitsky’ “por graves abusos contra los derechos humanos”.
Además, señala que es una advertencia “para quienes pisotean los derechos fundamentales de sus compatriotas”.
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