La República
Por Rosa Escoto
En cuestión de semanas, tres hechos desgarradores han estremecido a la sociedad dominicana y dejado al descubierto una realidad alarmante: la niñez está en serio peligro dentro de sus propios hogares, los espacios donde debería sentirse más protegida.
En el sector de Los Guandules, la vida de dos menores fue arrebatada con pocos días de diferencia. El primero, el caso de una niña de 7 años, asesinada de forma violenta por sus tutores. El segundo, un niño de apenas 1 año y 8 meses, presuntamente asesinado por su propio padre.
Ambos crímenes, ocurridos en la misma comunidad y con tan poca distancia temporal, provocaron dolor colectivo y encendieron la alarma sobre un posible efecto imitación o contagio, fenómeno que se produce cuando hechos de alto impacto social generan repetición de conductas similares en contextos de vulnerabilidad.
Como si el dolor no fuera ya suficiente, hace apenas unos días el país fue golpeado con una tercera tragedia: en el ensanche Isabelita, tres niños perdieron la vida tras ser envenenados por su propia madre. Otro crimen atroz que confirma que la violencia intrafamiliar y los problemas de salud mental no están siendo atendidos con la urgencia y profundidad que requieren.
Patrones en común
Estos tres hechos comparten elementos inquietantes:
Los agresores pertenecían al núcleo familiar cercano.
Las víctimas eran niños pequeños, en etapas de total dependencia y vulnerabilidad.
Se desarrollaron en contextos sociales marcados por la precariedad, la violencia y la falta de acompañamiento psicosocial.
No se trata de hechos aislados, sino de una cadena de tragedias que gritan a voces que algo está fallando en la prevención, la detección temprana y el acompañamiento a familias en crisis.
La corresponsabilidad social
La responsabilidad frente a la protección de los niños y niñas no recae únicamente en el Estado; también es deber de las familias y de la comunidad inmediata. Los vecinos y allegados suelen ser los primeros en notar señales de maltrato, negligencia o violencia en un hogar, y su silencio muchas veces se convierte en cómplice involuntario de la tragedia. Para que el Estado pueda actuar, debe ser previamente alertado, ya que las instituciones no pueden intervenir en lo que no se denuncia. Si bien es cierto que se requieren políticas públicas claras y contundentes de prevención, también resulta urgente fomentar una cultura de vigilancia solidaria y de denuncia responsable, en la que cada ciudadano entienda que proteger a un niño o una niña es una obligación colectiva.
Una crisis que puede prevenirse
La repetición de estos casos no puede verse como mera coincidencia. Estamos ante un fenómeno social que exige respuestas concretas:
Responsabilidad mediática para informar sin morbo y enfocar la cobertura en prevención y soluciones.
Salud mental accesible y comunitaria, con servicios de apoyo emocional y programas de acompañamiento a familias vulnerables.
Educación en crianza positiva, que forme a madres, padres y cuidadores en prácticas de buen trato y resolución pacífica de conflictos.
Fortalecimiento de las redes de protección de la niñez, para que las denuncias de maltrato no se pierdan en la burocracia y cada caso se atienda con rapidez y seriedad.
Un llamado impostergable
Estos tres crímenes —dos en Los Guandules y uno en el Ensanche Isabelita— no pueden quedar como simples titulares de prensa. Deben ser el punto de quiebre para que las autoridades intervengan de manera inmediata y decidida.
Se necesita un plan nacional de emergencia que involucre al CONANI, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de la Mujer, a las iglesias, juntas de vecinos y organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar entornos seguros para la niñez y brindar apoyo real a las familias en riesgo.
La vida de nuestros niños y niñas no puede seguir apagándose en medio del silencio y la indiferencia. Cada día que pasa sin acción, corremos el riesgo de llorar otra tragedia.
