La República
Santo Domingo.- A 17 meses de la promulgación de la Ley 34-23 sobre atención, inclusión y protección a las personas dentro del espectro autista, el Gobierno se muestra sordo y mudo ante el reclamo de miles de familias que aún carecen de los recursos necesarios.
El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, el periodista Fernando Quiroz, quien lucha por la implementación de la normativa, señaló que esta indiferencia de las autoridades persiste, incluso después de que el Ejecutivo presentara ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025, que contempla gastos por un billón 484,234.6 millones de pesos.
El activista por la inclusión contrastó la rapidez con la que el poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, dominado por el oficialista PRM, avanzan la propuesta de reforma constitucional, mientras la aplicación de la Ley 34-23 sigue estancada.
Quiroz fue uno de los impulsores de la iniciativa presentada al Congreso Nacional por los ex senadores Franklin Rodríguez, de San Cristóbal, y Dionis Sánchez, de Pedernales. En el Congreso, tanto diputados como senadores, de todos los partidos representados, votaron mayoritariamente a favor de la pieza.
La ley fue aprobada en mayo de 2023 y promulgada por el poder Ejecutivo un mes después, el 5 de junio, pero el reglamento debía ser aprobado en febrero de este año. Sin embargo, se aprobó más de cuatro meses después de lo contemplado. El periodista recordó que en agosto pasado denunció que el reglamento de la Ley 34-23 sobre autismo presenta deficiencias que podrían comprometer su efectividad, hasta el punto de volverlo inoperante, ya que carece de claridad en sus objetivos y metas, no especifica adecuadamente los procedimientos, y no detalla cómo se gestionarán los recursos, incluyendo el presupuesto.
Añadió que legisladores, altos funcionarios del Estado y empresarios tienen hijos con autismo, pero tienen la posibilidad de atenderlos en el ámbito privado, tanto en el país como en el extranjero. Mientras tanto, miles de familias de escasos recursos y de clase media enfrentan un verdadero drama diario.
Sugirió al presidente Luis Abinader asignar a la vicepresidenta Raquel Peña, quien ha dado muestra de alta sensibilidad humana ante población vulnerable como niñez y adulotos mayores, para que se asegure de la aplicación de la ley, acompañada del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y equipo. Urge, sostuvo, rápida atención en educación, salud, terapias, seguridad social; y sobre todo, detección temprana para determinar las acciones correspondientes y procurar mejor calidad de vida para la persona con la condición.
La Ley 34-23
La Ley 34-23 establece que, en adición a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Dominicana, las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) tienen derecho a recibir un diagnóstico y evaluación clínica temprana, especializada, precisa, accesible y sin prejuicios.
También establece que las personas con TEA deben recibir certificados de evaluación y diagnóstico que determinen el nivel del espectro en que se encuentren, así como acceso a consultas clínicas y terapias de intervención especializadas en la red hospitalaria pública a nivel nacional, y terapias de habilitación.
Además, deben recibir educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, de acuerdo con sus capacidades y potencialidades, y evaluaciones pedagógicas que refuercen la posibilidad de llevar una vida independiente.
