La República
Santo Domingo. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reclamó que la investigación del caso Senasa 2.0 alcance a quienes las pruebas identifiquen como organizadores, facilitadores y principales beneficiarios de las presuntas irregularidades. “Esto es ravisa; el pueblo quiere los pejes gordos. Hay que seguir la ruta del dinero y esclarecer quiénes decidieron, autorizaron y se beneficiaron. La ciudadanía merece una investigación completa, capaz de establecer responsabilidades en todos los niveles, sin que el poder económico, el cargo o las relaciones personales se conviertan en protección”, expresó Ulloa.
El Defensor del Pueblo recordó que el artículo 69 de la Constitución consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso, con garantías como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la intervención de una jurisdicción competente, independiente e imparcial. Afirmó que estos derechos deben respetarse desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso.
“La Constitución obliga al Estado precisamente cuando ejerce su poder de investigar, detener y juzgar. Cada persona debe responder por hechos que puedan atribuírsele mediante pruebas obtenidas legalmente, con oportunidad de defenderse y controvertirlas. La firmeza de la justicia se sostiene en el respeto a esas garantías”, manifestó.
El Defensor del Pueblo sostuvo que las medidas de coerción deben ser necesarias, proporcionales y sustentadas en las circunstancias de cada imputado. Explicó que la ausencia de un hecho de sangre no excluye por sí sola la prisión preventiva, y que la gravedad de las imputaciones tampoco justifica imponerla de forma automática.
“El peligro de fuga debe sustentarse en elementos concretos. Corresponde al tribunal valorar los riesgos procesales acreditados y explicar por qué la medida escogida resulta indispensable. Si el impedimento de salida, la presentación periódica u otras medidas previstas por la ley permiten asegurar los fines del proceso, deben ponderarse. La prisión preventiva es excepcional y no puede utilizarse como castigo anticipado”, señaló.
Ulloa exhortó al Ministerio Público a profundizar la investigación financiera, procurar la recuperación de los recursos que se demuestre que fueron sustraídos y esclarecer los mecanismos que permitieron las presuntas irregularidades. Llamó, además, a garantizar la continuidad de la atención a los afiliados de Senasa.
“Detrás de los recursos de la salud hay una persona esperando una consulta, un medicamento o un tratamiento. El país merece conocer la verdad, recuperar su dinero y obtener justicia frente a toda responsabilidad comprobada. Un Estado que funciona para la gente protege la salud, persigue la corrupción y respeta la Constitución en cada una de sus actuaciones”, concluyó.
